Estatal

El programa no dispone de un diagnóstico o herramienta que permita una comprensión válida del problema público que se pretende atender, pues se registró que no se dispone de dicho documento, de manera que el programa se basa en elementos de análisis y antecedentes de la problemática, documentados en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Jalisco y en el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, estas estrategias de nivel macro no incluyen las particularidades de la intervención del programa.
 El programa no cuenta con un análisis del problema y de las alternativas que permita inferir sobre el tipo de intervención que implementa y su pertinencia, así mismo, en los documentos analizados, no se identifica la definición del problema público, sino la definición del objetivo del programa, que se puede interpretar como la traducción del problema que se pretende atender.
 Al analizar y esquematizar la estrategia de intervención se pudo corroborar la pertinencia de la misma, a pesar de que no existe una evidencia documentada al interior del programa sobre la lógica de la intervención, se pudo registrar en las entrevistas con involucrados que uno de los principales problemas es la desvinculación entre los sectores productivos y las universidades o entes que generan ciencia y tecnología, aspecto que se ve incidido fuertemente por la carencia de divulgación y difusión.
 El programa dispone en sus Reglas de Operación, de la conceptualización de la población objetivo, sin embargo, no cuenta con un método de cuantificación documentado así como su ubicación geográfica, no se dispone de la suficiente evidencia de cómo se estableció la cuantificación, ubicación geográfica y que medios estadísticos oficiales incidieron en dicha determinación de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida), de manera que se hace necesaria la justificación que sustente dicha cuantificación. Por otra parte, la población objetivo se encuentra debidamente alineada al problema público que se pretende atender.
 La lógica de intervención del programa para atender el problema es pertinente a partir de la comparación de casos, pues se logró observar que se encuentra ampliamente relacionada con la población objetivo y el problema que se pretende atender, se realizó una búsqueda de casos en los que se observó la forma en que se trató la problemática de la falta de difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología con la finalidad de fortalecer los lazos entre los diversos sectores sociales y productivos, sin embargo, es importante destacar que no existe evidencia diagnóstica de que estos elementos se integren en el diseño de la intervención y con ello justificar la contribución positiva a la atención del problema público. Como ventajas de la intervención local, se pudo observar un espectro mayor del tipo de beneficiaros sujetos de apoyo, los proyectos de difusión se encaminan a fortalecer los nexos entre los diversos actores y sectores en la entidad, aspecto que contribuye positivamente al problema público.

Se evidenció que el Padrón de Beneficiarios presenta diversas inconsistencias en relación con la información
interna proporcionada por el programa, de manera que este documento no está actualizado, ya que no se
documenta la entrega de apoyos de tipo emergente. Por otra parte, se identificó que el programa carece de un
procedimiento documentado que dé cuenta de las visitas de verificación, así como del seguimiento posterior a
la entrega de los apoyos.
Un aspecto destacable en relación con los mecanismos de seguimiento y verificación de la entrega de los
apoyos es la realización de ‘expedientes’ sobre los proyectos, en los cuales se documenta el ejercicio y
comprobación de los recursos que reciben las organizaciones. También se detallan los beneficiarios indirectos
alcanzados con sus acciones. En este aspecto, es importante precisar que, en esencia, dichos expedientes se
limitan a la comprobación de gastos y no establecen mecanismos de transparencia públicos que permitan
verificar los resultados y desempeño de los proyectos, así como su adecuada justificación con las políticas
públicas de la entidad.
La alineación causal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) presenta diversas inconsistencias
relacionadas con la intervención del programa, pues la Matriz no está alineada con un árbol de objetivos u otra
herramienta empleada en el diagnóstico, que permita incluir las actividades clave en la generación de los
entregables citados en las Reglas de Operación (ROP) y que los componentes reflejen los apoyos que entrega el
programa, con lo cual se pueda identificar la causalidad de la Matriz de Indicadores para Resultados. En ese
mismo tenor, el Propósito del programa debe orientarse de manera que refleje la solución sobre el problema
público que se pretende atender, mientras que el Fin debe corresponder con la contribución a un objetivo
superior de desarrollo.
De acuerdo con el análisis de los elementos teórico-empíricos relacionados con los programas y posturas sobre
las OSC a escala nacional e internacional (tabla 15), se registra que la intervención de las políticas públicas
orientadas al apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil, tienen su origen en el derecho que todo miembro
de la sociedad tiene para ejercer su participación de la ciudadanía, fortaleciendo los vínculos de la sociedad
para involucrarse en la discusión de asuntos colectivos, con el objeto de generar desarrollo y construcción social
y ciudadano, de manera que las intervenciones contribuyan a la cohesión social, en la búsqueda de soluciones a
los problemas que les atañen, mediante la coparticipación e interrelación con las instituciones de Gobierno u
otros organismos.

El objetivo principal de la evaluación es analizar el grado de integralidad y orientación hacia resultados de las
intervenciones públicas que conforman la política social del Estado. En primer lugar, en el informe de la
evaluación se realiza una delimitación del universo de programas y acciones que conforman la política social del
estado mediante un estudio de su marco legal y un ejercicio de alineación a los derechos sociales y al bienestar
económico de grupos vulnerables. Posteriormente, se analiza el grado de institucionalización de las intervenciones de política social, con base en sus instrumentos normativos y programáticos. Por último, se busca identificar en qué medida éstas intervenciones están orientadas hacia resultados.
La información en la que se basa la evaluación proviene, en gran parte del Sistema de Monitoreo de Acciones y
Programas Públicos (SIMAPP), plataforma que ha desarrollado el gobierno de Jalisco durante la administración
2013-2018 y se complementa con información proveniente de entrevistas semi-estructuradas realizadas con
funcionarios relacionados con el sector de desarrollo social de Jalisco.
El informe concluye que la política social de Jalisco incluye, aunque con diferencias significativas, programas y
acciones que atienden todos los derechos sociales y que cubren a todos los grupos prioritarios, grupos de edad,
regiones y tipos de organizaciones beneficiarias. Sin embargo, este rasgo positivo ha generado un reto en
cuanto a la focalización de los recursos que podría resultar en la perdida de especificidad en la atención de
problemas sociales. Por otro lado, el marco programático presupuestal con el que se opera y organiza gran
parte de las intervenciones es un respaldo institucional valioso que contribuye a sistematizar la información. No
obstante, debido a su grado de formalización, no refleja la existencia de otras iniciativas muy valoradas por los
actores de la política social.
La evaluación también encontró brechas presupuestales muy importantes en las intervenciones de política
social, con derechos y poblaciones que reciben asignaciones que no son proporcionales a la gravedad de las
problemáticas que los aquejan. Finalmente, no se encontraron problemas importantes en cuanto a duplicidades
entre las distintas modalidades. El énfasis que se destaca principalmente es el problema de fragmentación y
falta de especificidad que caracterizan a la política social en Jalisco.

El programa cuenta con personal comprometido con su operación y con su mejora. Los esfuerzos que se están realizando para definir a la población potencial y objetivo, así como formalizar sus Reglas de Operación (ROP) servirán en gran medida para la mejora paulatina del programa. Otra dificultad relacionada con esto último es el articular en su doble objetivo a individuos como sitios turísticos, lo cual puede determinar la naturaleza de la identidad de la población potencial y objetivo.
En cuanto a su operación, el programa se encuentra ordenado por un manual interno y una matriz de indicadores y resultados que hasta ahora ha sido suficiente para ordenar las actividades al grado de sistematizar formatos de inscripción, ordenar proveedores de servicios turísticos y articular la cooperación con instancias municipales.
Este programa cuenta con un mecanismo de monitoreo de percepción de la población atendida, el cual es un componente indispensable para el área de Turismo Social debido a que recopila información sobre la calidad y satisfacción de los usuarios en relación con el transporte y destino al cual acudieron. Esto último coadyuva a la toma de decisiones en cuanto a la cooperación brindada por empresas del ramo turístico que participaron en esta estrategia, aunque deberá especificar más en los detalles sobre la opinión de los beneficiarios en torno al destino turístico tales como la limpieza del sitio visitado, el trato recibido por las personas que habitan o trabajan en el mismo y la cantidad de días visitados. Se debe prestar especial atención al monto gastado y se sugiere incluir un reactivo a esta encuesta de satisfacción en la que se señale si la persona que visitó el sitio lo volvería a visitar.
Por último, la información recopilada por la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) hace énfasis en su medición a las personas y no a los sitios turísticos. La misma deberá actualizarse en función de la definición que se haga de la población objetivo. Asimismo, dada la recopilación de información actual y el tiempo que tiene operando este programa (desde el 2003), se puede pensar en la integración de una evaluación a mayor profundidad siempre y cuando las ROP hayan sido publicadas y se haya resuelto la dicotomía de la población potencial y objetivo.
 

1. Realización de diagnóstico sobre condiciones visuales en niños y jóvenes con la ayuda de Secretaría de Salud o en su defecto, mediación con esta instancia para identificación de origen de problemáticas visuales por región y construir una identificación de prevalencia de enfermedades visuales cubiertas por el programa representativa. Esto último también puede ser realizado a partir de los registros del programa.  
2. Trabajo en las comunidades sobre el cuidado de la salud visual o como campaña estatal centrada en la sensibilización de aquellos que manifiesten algún síntoma y en la prevención.  
3. Ajustar el árbol de objetivos en cuanto a los componentes del programa y su objetivo con lo señalado en la MIR. 
4.  Continuar con la operación del programa y su enfoque por la calidad de manera independiente.
5. Establecer en la MIR como un supuesto más a considerar a nivel de Propósito o Fin el que los beneficiarios deben usar los anteojos dentro y fuera del horario y área escolar.  
6. Vinculación y aprovechamiento de la pertenencia a la estructura de SEJ con el conocimiento del interior del estado para lograr alianzas con SS en el tema de salud visual y Organizaciones de la Sociedad Civil que atiendan el tema (OSC). 
7.  Realizar seguimiento a las calificaciones de los alumnos y seguimiento ya sea muestral o no estadístico a un grupo de ellos para recabar información adicional de los beneficios del programa en el mediano y largo plazo y que incluya las últimas tres boletas de calificaciones, así como un cuestionario sobre sus actividades extraescolares con actividades, pasatiempos y tiempo dedicado a éstos.  
8. Incrementar el número y la participación de especialistas optometristas en el programa, tanto para la precisión de los alcances y teoría en MIR y Árbol de Problemas y Objetivos como en el seguimiento al trabajo de campo, monitoreo de resultados en beneficiarios y establecer línea base para evaluaciones a mayor profundidad, resultados e impactos en población objetivo.  
9. Incrementar el porcentaje de la inversión proyectada del programa destinado al pago de optometristas certificados que realicen la tarea de diagnóstico fino y de seguimiento a los beneficiarios en cuanto a su evolución y mejora escolar y calidad de vida.
 

1. Se sugiere fortalecer y sustentar el diagnóstico, integrando información sobre la problemática de las mujeres que habitan en zonas rurales. Se aconseja que se tomen como referencia documentos tales como la declaración de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, “Las mujeres rurales en México: Estrategias para su desarrollo”, editado por la SRE, UNIFEM y PNUD México o “Condiciones económicas y sociales de las mujeres rurales en México” de la Cámara de Diputados y CEDRSSA. Asimismo, se recomienda localizar datos estadísticos oficiales sobre la problemática de la mujer rural, con el propósito de establecer numéricamente la población potencial y objetivo del programa.  
2. El equipo evaluador aconseja la realización de un ejercicio de análisis de la normatividad vigente que lleve a dar mayor solidez al marco legal del programa, ampliándolo si es preciso. Al respecto, se sugiere integrar los Artículos 33, 34 y 35 de la Ley General de Desarrollo Social.  
3. Fortalecer y sustentar el diagnóstico, integrando información de programas similares que le brinde soporte empírico a la intervención; se recomienda presentar los casos planteados en esta evaluación.  
4. Realizar una revisión de los resúmenes narrativos de la MIR que lleve a una redacción pertinente, en la que se evidencie la relación necesaria entre el Propósito y el Fin, haciendo que estos correspondan con los objetivos generales y específicos del programa. Asimismo, se sugiere que toda vez que se hayan realizado las adecuaciones al Fin y al Propósito y que se haya dado validez a la lógica vertical, se construyan indicadores que midan el cumplimiento de estos objetivos y se consideren los medios de verificación requeridos para su cálculo.  
5. El equipo evaluador sugiere que los diseñadores del programa realicen un análisis de las desventajas que han registrado programas similares, con la finalidad de elaborar un plan de acción que contemple estrategias para evitar o minimizar el riesgo de que éstas se presenten.  
6. Se recomienda la formalización de convenios de colaboración con los programas símiles, con la Secretaría de Economía Federal y la SEDECO Jalisco.  
7. Diversificar los esquemas de comunicación y dar prioridad a aquellos de trato directo y a la conformación de redes. 
8. Se recomienda realizar mediciones de satisfacción y seguimiento a las beneficiarias.
 

1. El equipo evaluador sugiere presentar datos estadísticos sobre el porcentaje de jóvenes en el programa y cuántos de ellos han sido reincidentes, con la finalidad de evidenciar la efectividad del programa. 
2. Establecer mecanismos de apoyo para la documentación digital de cada uno de los expedientes del programa, con la finalidad de asegurar su continuidad ante alguna contingencia. 
3. Otorgar el apoyo económico durante el tiempo establecido en el programa a los jóvenes que se encuentran bajo alguna problemática psicológica durante el tiempo de asistencia a las terapias; Realizar una revisión de los Componentes de la MIR 2017, En la que se considere como un nuevo componente de la MIR el apoyo otorgado a los jóvenes por proceso de intervención psicológica.
4. Establecer mecanismos de control y seguimiento para los beneficiarios que se integran a la informalidad laboral, Lo anterior debido a que los contratantes no se comprometen con los beneficiarios en entregar documentación que los comprometa por operar fuera de la Ley.
5. Otorgar un seguimiento a los beneficiarios por lo menos de 2 años, lo anterior conforme al Código de Procedimientos Penales que establece el tiempo para considerar que una persona ya no es reincidente.
 

1. Llevar a cabo un ejercicio de planeación estratégica sustentado en evaluaciones y diagnósticos de las problemáticas socioambiental de cada ANP, donde también se incluyan las buenas prácticas derivadas de las acciones que la DGCB ha implementado como parte de sus tareas.  
2. Fortalecer o crear la estructura administrativa necesaria para operar adecuadamente las ANPs (primera prioridad por la obligatoriedad institucional) y Sitios RAMSAR (en el supuesto de que se atienda esta recomendación, los OTOs no tendrían razón de existir y tampoco las recomendaciones inherentes a ellos)  
3. Elaborar un Manual de Procedimientos del Programa que identifique y sistematice claramente los procesos del programa.  
4. Diseñar estrategias de difusión del Programa, donde se puedan aprovechar los medios locales de comunicación (radio, televisión, medios electrónicos e impresos).  
5. Modificar las Reglas de Operación del Programa en el ejercicio 2018, para que los criterios de dictaminación sean congruentes con el diagnóstico ambiental de cada ANP y de esa manera se sustente la asignación de recursos.  
6. Modificar y actualizar la MIR de tal manera que se integren, además de los datos existentes: metas, avances, resultados e indicadores de impacto socioambiental, además de información de la ministración financiera.
 

En la presente evaluación de procesos se encontró que la gestión operativa del programa contribuye medianamente suficiente al logro de sus objetivos. El principal instrumento con el que cuenta el programa para monitorear el logro de sus objetivos es la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Esta es poco pertinente para realizar una medición adecuada ya que no es exclusiva del programa y ello conlleva que sea incompleta. La MIR no tiene una definición precisa de los objetivos del programa, y no cuenta con indicadores suficientes para medir las actividades, los componentes y el fin; y el propósito no incluye el objetivo de “fortalecer la gestión operativa de los gobiernos municipales”.

El proceso de planeación se encuentra desarticulado y no retoma insumos de valor como el diagnóstico de los municipios que reciben el apoyo económico del programa. Al respecto, en el proceso de seguimiento y monitoreo de los beneficios se genera información valiosa que no está sistematizada y que no se usa para la planeación. Información como la resultante de las supervisiones que realiza la DDM. El inicio de la gestión operativa del programa se da con la actualización y publicación de las ROP, en marzo. La fecha de publicación marca la pauta a los procesos de difusión y este al proceso de generación y distribución de los bienes y servicios, por lo que la entrega del apoyo económico a los gobiernos municipales que cumplieron en tiempo y forma con el expediente de solicitud se realiza entre los meses de junio a septiembre. Aún cuando los gobiernos municipales se comprometen en realizar el pago de honorarios a los instructores de manera mensual, esto no se lleva a cabo en todos ellos. Se encontró en el trabajo de campo que algunos instructores han optado por renunciar como respuesta a los atrasos mencionados. El proceso de seguimiento y monitoreo de los beneficios no se encuentra totalmente regulado, su funcionamiento operativo no está completamente estipulado en algún documento normativo o institucional. La DDM realiza un seguimiento físico a los beneficiarios directos. Dicho seguimiento son las reuniones regionales. Estas reuniones sirven para tener un acercamiento directo con los beneficiarios, sin embargo la falta de sistematización y homologación de las actividades impide que se utilice la información obtenida. Esta información es de relevancia estratégica tanto para el monitoreo del programa como para retroalimentar la planeación. Las principales recomendaciones de esta investigación giran hacía adecuaciones a las ROP que definan de manera clara todo el proceso operativo del programa. Así como a la sistematización y calendarización de las reuniones que dan origen a la actualización de las ROP y; la actualización de los reglamentos operativos (manuales de organización y procedimientos) pues la DDI, DDM y la coordinación del programa no tienen plasmadas sus atribuciones en algún documento y ello podría generar la duplicidad de actividades. Además las recomendaciones apuntan a diseñar la MIR del programa, la cual servirá como una herramienta clave para el monitoreo del logro de sus objetivos. Es de suma relevancia que la DGDSV y la DDI definan de manera clara y precisa los objetivos del programa, pues la falta de una definición oficial al “desarrollo cultural de los municipios” y al “fortalecimiento de la gestión operativa del programa” impide el diseño de indicadores apropiados. En respuesta a la falta de sistematización del seguimiento físico así como a la insuficiencia de información sobre el contexto cultural de los municipios, se propone la elaboración de una “Cédula de Información”. La cual permita obtener información sobre la oferta y demanda cultural, así como de la satisfacción de los beneficiarios indirectos. Resulta de suma importancia atender la poca suficiencia del programa para atender los criterios de transparencia, así como la implementación de algún mecanismo de control del correcto uso de los apoyos económicos entregados a los gobiernos municipales.

Se observó que los objetivos planteados para cada programa corresponden a los resúmenes narrativos del nivel de fin, esto genera confusión en el enfoque de los objetivos, de manera que es recomendable la utilización del resumen narrativo del propósito.

Se registró que los programas presupuestarios objeto de estudio, disponen de nombre y clave adecuados para su clasificación.

Sobre la verificación de los elementos de la justificación del programa, se observó el uso de información adecuada, específicamente en los aspectos de alineación del programa presupuestario con el PED, así como su alineación nacional, alineación administrativa e información del marco normativo.

Se presentaron áreas de mejora en la determinación de la magnitud, comportamiento y evolución del problema, pues estos datos no fueron cubiertos adecuadamente en la totalidad de los casos.

En cuanto a la población objetivo y/o potencial, se registró que en el 67% de los casos, la información fue adecuada. Adicionalmente, se presentaron deficiencias en la información sobre el tipo de apoyo entregado a la población atendida, pues no se registró de manera pertinente en el 33% de los casos.