Concluida

La valoración global del programa correspondió a 2.5, en la escala del 1 al 4, donde 1 es insuficiente y 4 es suficiente, se identificó que el programa cuenta con un diagnóstico básico el cual no cumple con los criterios establecidos por el CONEVAL, en este sentido, se observa como un área de oportunidad la elaboración del diagnóstico de acuerdo a las herramientas diagnósticas establecidas en la Metodología del Marco Lógico que describe el Manual de Programación y Presupuesto, de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, así como los criterios y lineamientos del CONEVAL.
Se registró que el programa no dispone de un árbol del problema mediante el cual se identifiquen las causas que generan el problema público y los efectos que este produce en los involucrados, así mismo, se observó que no cuenta con árbol de objetivos, a través del cual se conviertan las causas en medios (componentes) y los efectos en los fines (objetivos), es decir, cómo se pretende atacar el problema identificado con la intervención del programa.
Del análisis del documento de diagnóstico y de las Reglas de Operación se realizó la representación de la lógica de intervención del programa y su esquematización en su estado actual, a través de las cuales se pudo constatar la forma en la que el programa pretende atender el problema público, así como el cambio al que se desea llegar en la población objetivo del programa.
Se observa la alineación del programa con el Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2033, en el Objetivo Estratégico OD07 Garantizar los derechos del trabajador apoyando la generación de empleos de calidad, el desarrollo del capital humano y el aumento de la productividad laboral.
En relación con la identificación y cuantificación de la población objetivo, se observa que en las Reglas de Operación se hace la descripción conceptual de esta población, no obstante, en el Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas Públicos en la Ficha del programa “Empleo Temporal (Mano con Mano)”, se muestra la cuantificación de dicha población, la cual corresponde a 10,500 posibles beneficiarios que se pretenden atender, la población objetivo a la que se hace referencia, pareciera ser el número de beneficiarios del programa, por lo que no representa un subconjunto de la población susceptible de apoyo, observándose como un área de oportunidad la identificación y cuantificación de la población objetivo en las Reglas de Operación.
Con relación al análisis de la comparación del programa con casos nacionales e internacionales, se registran ventajas importantes sobre las otras intervenciones, en este sentido, se puede decir que la lógica de intervención del programa presenta aspectos positivos que inciden en el problema público que se pretende atender.
En cuanto a las ventajas que presenta el programa “Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad”, se puede destacar que los apoyos que otorga son mayores en comparación con las otras intervenciones, así como, el programa tiene su operación a través de proyectos que presentan las instituciones públicas para el mejoramiento social y urbano de su comunidad, así mismo el programa representa un aporte adicional para los beneficiarios, dado que les permite aprender un oficio que les servirá para encontrar un empleo formal, lo cual es el objetivo del programa.
Se registra como un área de oportunidad la elaboración de una Matriz de Indicadores para resultados propia del programa a través de la cual se lleve a cabo el monitoreo de los objetivos, dado que se identificó una MIR para el programa presupuestario “Apoyo para el Fortalecimiento del Empleo en el Estado”, en la cual se incluye al programa como un componente y una actividad, de manera que no es posible verificar si la intervención mantiene una lógica vertical y horizontal congruente con los elementos del diagnóstico.
Se observa que las Reglas de Operación son el instrumento del cual se vale el programa para su implementación; dicho documento es pertinente, dado que hace la descripción de la información de operación, de gestión y financiera, así como, el seguimiento y verificación del cumplimiento del programa.

El programa no dispone de un diagnóstico o herramienta que permita una comprensión válida del problema público que se pretende atender, pues se registró que no se dispone de dicho documento, de manera que el programa se basa en elementos de análisis y antecedentes de la problemática, documentados en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Jalisco y en el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, estas estrategias de nivel macro no incluyen las particularidades de la intervención del programa.
 El programa no cuenta con un análisis del problema y de las alternativas que permita inferir sobre el tipo de intervención que implementa y su pertinencia, así mismo, en los documentos analizados, no se identifica la definición del problema público, sino la definición del objetivo del programa, que se puede interpretar como la traducción del problema que se pretende atender.
 Al analizar y esquematizar la estrategia de intervención se pudo corroborar la pertinencia de la misma, a pesar de que no existe una evidencia documentada al interior del programa sobre la lógica de la intervención, se pudo registrar en las entrevistas con involucrados que uno de los principales problemas es la desvinculación entre los sectores productivos y las universidades o entes que generan ciencia y tecnología, aspecto que se ve incidido fuertemente por la carencia de divulgación y difusión.
 El programa dispone en sus Reglas de Operación, de la conceptualización de la población objetivo, sin embargo, no cuenta con un método de cuantificación documentado así como su ubicación geográfica, no se dispone de la suficiente evidencia de cómo se estableció la cuantificación, ubicación geográfica y que medios estadísticos oficiales incidieron en dicha determinación de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida), de manera que se hace necesaria la justificación que sustente dicha cuantificación. Por otra parte, la población objetivo se encuentra debidamente alineada al problema público que se pretende atender.
 La lógica de intervención del programa para atender el problema es pertinente a partir de la comparación de casos, pues se logró observar que se encuentra ampliamente relacionada con la población objetivo y el problema que se pretende atender, se realizó una búsqueda de casos en los que se observó la forma en que se trató la problemática de la falta de difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología con la finalidad de fortalecer los lazos entre los diversos sectores sociales y productivos, sin embargo, es importante destacar que no existe evidencia diagnóstica de que estos elementos se integren en el diseño de la intervención y con ello justificar la contribución positiva a la atención del problema público. Como ventajas de la intervención local, se pudo observar un espectro mayor del tipo de beneficiaros sujetos de apoyo, los proyectos de difusión se encaminan a fortalecer los nexos entre los diversos actores y sectores en la entidad, aspecto que contribuye positivamente al problema público.

Se evidenció que el Padrón de Beneficiarios presenta diversas inconsistencias en relación con la información
interna proporcionada por el programa, de manera que este documento no está actualizado, ya que no se
documenta la entrega de apoyos de tipo emergente. Por otra parte, se identificó que el programa carece de un
procedimiento documentado que dé cuenta de las visitas de verificación, así como del seguimiento posterior a
la entrega de los apoyos.
Un aspecto destacable en relación con los mecanismos de seguimiento y verificación de la entrega de los
apoyos es la realización de ‘expedientes’ sobre los proyectos, en los cuales se documenta el ejercicio y
comprobación de los recursos que reciben las organizaciones. También se detallan los beneficiarios indirectos
alcanzados con sus acciones. En este aspecto, es importante precisar que, en esencia, dichos expedientes se
limitan a la comprobación de gastos y no establecen mecanismos de transparencia públicos que permitan
verificar los resultados y desempeño de los proyectos, así como su adecuada justificación con las políticas
públicas de la entidad.
La alineación causal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) presenta diversas inconsistencias
relacionadas con la intervención del programa, pues la Matriz no está alineada con un árbol de objetivos u otra
herramienta empleada en el diagnóstico, que permita incluir las actividades clave en la generación de los
entregables citados en las Reglas de Operación (ROP) y que los componentes reflejen los apoyos que entrega el
programa, con lo cual se pueda identificar la causalidad de la Matriz de Indicadores para Resultados. En ese
mismo tenor, el Propósito del programa debe orientarse de manera que refleje la solución sobre el problema
público que se pretende atender, mientras que el Fin debe corresponder con la contribución a un objetivo
superior de desarrollo.
De acuerdo con el análisis de los elementos teórico-empíricos relacionados con los programas y posturas sobre
las OSC a escala nacional e internacional (tabla 15), se registra que la intervención de las políticas públicas
orientadas al apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil, tienen su origen en el derecho que todo miembro
de la sociedad tiene para ejercer su participación de la ciudadanía, fortaleciendo los vínculos de la sociedad
para involucrarse en la discusión de asuntos colectivos, con el objeto de generar desarrollo y construcción social
y ciudadano, de manera que las intervenciones contribuyan a la cohesión social, en la búsqueda de soluciones a
los problemas que les atañen, mediante la coparticipación e interrelación con las instituciones de Gobierno u
otros organismos.

El objetivo principal de la evaluación es analizar el grado de integralidad y orientación hacia resultados de las
intervenciones públicas que conforman la política social del Estado. En primer lugar, en el informe de la
evaluación se realiza una delimitación del universo de programas y acciones que conforman la política social del
estado mediante un estudio de su marco legal y un ejercicio de alineación a los derechos sociales y al bienestar
económico de grupos vulnerables. Posteriormente, se analiza el grado de institucionalización de las intervenciones de política social, con base en sus instrumentos normativos y programáticos. Por último, se busca identificar en qué medida éstas intervenciones están orientadas hacia resultados.
La información en la que se basa la evaluación proviene, en gran parte del Sistema de Monitoreo de Acciones y
Programas Públicos (SIMAPP), plataforma que ha desarrollado el gobierno de Jalisco durante la administración
2013-2018 y se complementa con información proveniente de entrevistas semi-estructuradas realizadas con
funcionarios relacionados con el sector de desarrollo social de Jalisco.
El informe concluye que la política social de Jalisco incluye, aunque con diferencias significativas, programas y
acciones que atienden todos los derechos sociales y que cubren a todos los grupos prioritarios, grupos de edad,
regiones y tipos de organizaciones beneficiarias. Sin embargo, este rasgo positivo ha generado un reto en
cuanto a la focalización de los recursos que podría resultar en la perdida de especificidad en la atención de
problemas sociales. Por otro lado, el marco programático presupuestal con el que se opera y organiza gran
parte de las intervenciones es un respaldo institucional valioso que contribuye a sistematizar la información. No
obstante, debido a su grado de formalización, no refleja la existencia de otras iniciativas muy valoradas por los
actores de la política social.
La evaluación también encontró brechas presupuestales muy importantes en las intervenciones de política
social, con derechos y poblaciones que reciben asignaciones que no son proporcionales a la gravedad de las
problemáticas que los aquejan. Finalmente, no se encontraron problemas importantes en cuanto a duplicidades
entre las distintas modalidades. El énfasis que se destaca principalmente es el problema de fragmentación y
falta de especificidad que caracterizan a la política social en Jalisco.

1. Se observó el avance en el proceso de institucionalización del diseño de programas y acciones públicas del 2013 a la fecha. 
2. Se identificó que de las 58 Reglas de Operación evaluadas, 32 ROP son adecuadas y suficientes para el buen funcionamiento de los programas y están en condiciones de ser publicadas. 
3. Se observó un cambio favorable en la mayoría de las ROP al contar con una descripción clara de objetivos, cobertura y población objetivo. 
4. Se identificó que las ROP cuentan con una descripción clara de las características de los beneficios, ya que de los 58 programas evaluados al obtuvieron un promedio global de 84.50 puntos
 

1. Fortalecer a los comités ciudadanos en términos de su conformación, capacitación y facultades. 
2. Definir mejor el papel de los gobiernos municipales y fuerzas políticas locales, en su propio papel, no como parte de los comités ciudadanos. 
3. Fortalecer el proceso pedagógico de la EVJ para dotar de mayores capacidades a los líderes locales y fomentar una cultura de participación ciudadano. 
4. Ampliar el proceso deliberativo para madurar las propuestas de proyectos y obras, para generar proyectos con mayor respaldo ciudadano. 
5. Definir claramente los roles y las facultades de los comités ciudadanos en las diversas etapas del proceso, en particular para dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de los compromisos. 
6. Designar enlaces de tiempo completo en las dependencias ejecutoras con el fin de elevar la efectividad en la comunicación y fortalecer el compromiso hacia la EVJ al interior de las dependencias participantes. 
7. Dar continuidad al programa, fortalecer el empleo local y focalizar inversión pública en regiones históricamente marginadas. 
8. Fortalecer los comités ciudadanos en su papel de vigilancia de las obras y supervisar las necesidades de mantenimiento de las obras. 
9. Evaluar puntualmente la calidad de las obras y actuar en consecuencia
 

El programa cuenta con personal comprometido con su operación y con su mejora. Los esfuerzos que se están realizando para definir a la población potencial y objetivo, así como formalizar sus Reglas de Operación (ROP) servirán en gran medida para la mejora paulatina del programa. Otra dificultad relacionada con esto último es el articular en su doble objetivo a individuos como sitios turísticos, lo cual puede determinar la naturaleza de la identidad de la población potencial y objetivo.
En cuanto a su operación, el programa se encuentra ordenado por un manual interno y una matriz de indicadores y resultados que hasta ahora ha sido suficiente para ordenar las actividades al grado de sistematizar formatos de inscripción, ordenar proveedores de servicios turísticos y articular la cooperación con instancias municipales.
Este programa cuenta con un mecanismo de monitoreo de percepción de la población atendida, el cual es un componente indispensable para el área de Turismo Social debido a que recopila información sobre la calidad y satisfacción de los usuarios en relación con el transporte y destino al cual acudieron. Esto último coadyuva a la toma de decisiones en cuanto a la cooperación brindada por empresas del ramo turístico que participaron en esta estrategia, aunque deberá especificar más en los detalles sobre la opinión de los beneficiarios en torno al destino turístico tales como la limpieza del sitio visitado, el trato recibido por las personas que habitan o trabajan en el mismo y la cantidad de días visitados. Se debe prestar especial atención al monto gastado y se sugiere incluir un reactivo a esta encuesta de satisfacción en la que se señale si la persona que visitó el sitio lo volvería a visitar.
Por último, la información recopilada por la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) hace énfasis en su medición a las personas y no a los sitios turísticos. La misma deberá actualizarse en función de la definición que se haga de la población objetivo. Asimismo, dada la recopilación de información actual y el tiempo que tiene operando este programa (desde el 2003), se puede pensar en la integración de una evaluación a mayor profundidad siempre y cuando las ROP hayan sido publicadas y se haya resuelto la dicotomía de la población potencial y objetivo.
 

1. Se identificó en la planeación de los programas la elaboración del Plan Anual de Trabajo, el cual contiene 4 documentos denominados: Plan de Acciones de Dirección, Plan de acciones de Jefaturas, Plan de Supervisiones y Agenda Anual, donde se establecen las metas de los programas, número de beneficiarios, capacitación a los Sistemas DIF Municipales, pláticas de orientación alimentaria y proyectos de recuperación de cuotas, elementos que dan origen al desarrollo de otros procesos. 
2. En la planeación de los programas, se carece de las acciones suficientes que permitan optimizar el proceso de solicitud de apoyo, por medio del cual los posibles beneficiarios hacen la solicitud de los beneficios de los programas. En el Plan Anual de Trabajo se hace mención de capacitaciones (Coordinar las capacitaciones otorgadas a los 125 SMDIF en coordinación con las jefaturas, esto con la finalidad de dar a conocer ROP, operatividad y seguimientos de los programas alimentarios). Sin embargo, esta actividad  es insuficiente para el desarrollo del proceso de solicitud.
3. En el plan anual de trabajo se observó la carencia de las actividades necesarias para desarrollar de manera adecuada el proceso de difusión en materia de convocatoria a la población objetivo de los programas, debido que se enlista la capacitación a los SMDIF en la operatividad del programa. Sin embargo, es necesario desglosar en el plan anual de trabajo las acciones de difusión que deberán realizarse en materia de convocatoria.
4. Se observa que en la planeación no se describen las acciones pertinentes para el desarrollo del proceso de seguimiento a beneficiarios, en torno a la periodicidad de supervisión que se habrán de realizar en los municipios de la entidad.
5. En el Plan Anual de Trabajo en el apartado que describe  las acciones de la dirección, engloba los programas que se encuentran bajo su mando, por tal motivo no se identifica claramente cuales actividades correspondientes a los programas: Desayunos Escolares, Ayuda Alimentaria Directa y Nutrición Extraescolar.
6. El proceso de planeación no dispone de diagrama de flujo que optimice las actividades que integran este proceso. 
7. Se registró que el proceso de difusión en materia de convocatoria es inadecuado para llegar a la población objetivo del programa, pues solo se realiza por medio de los sitios web del Sistema DIF Jalisco y en los DIF Municipales, donde se publica la información de los requisitos para ingresar al programa. Sin embargo, en una revisión de manera aleatoria de los portales de los Sistemas DIF Municipales, se observaron algunos casos que la difusión se realiza de manera inadecuada, pues no se cuenta con la información pertinente de los beneficios que ofrecen los programas.
8. • Los Sistemas DIF Municipales realizan de manera inadecuada el proceso de difusión en materia de convocatoria a la población objetivo, ya que se observaron deficiencias en algunos municipios, por ejemplo: DIF de Cocula, DIF de Ayula, DIF de Mazamitla, DIF de Tequila; y en los casos de DIF Atengo y DIF Cuautla, se tiene un portal donde se hace mención de los programas sin mostrar una ficha descriptiva con los datos relevantes de los beneficios que ofrecen los programas. Siendo una de las obligaciones de los Sistemas DIF Municipales, enlistada en las Reglas de Operación de los programas: “El Sistema DIF Municipal promueve el programa informando a la población los requisitos para ingresar”.
9.  El proceso de difusión cumple con la rendición de cuentas sobre la gestión de los programas, ya que se cuenta con la publicación de la información del avance de la ejecución del gasto en el portal de transparencia del Sistema DIF Jalisco.
10. En materia de transparencia la difusión de los programas cumple con sus obligaciones ya que se dispone de la información publicada en el portal de transparencia del Sistema DIF Jalisco, en el cual se encuentran los siguientes apartados: Información general del programa, formatos, padrones de beneficiarios, Reglas de Operación, avances de la ejecución del gasto del programa, avances del cumplimiento de metas y objetivos del programa. Adicionalmente, se publica en la página del Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas Públicos la siguiente información: requisitos, ficha básica, Reglas de Operación, Matriz de Indicadores de Resultados, padrón de beneficiarios, evaluaciones, MIDE Jalisco, diagnóstico y agenda de mejoras. 
11. Se puede estimar de manera adecuada la demanda de los apoyos que generan los programas, esto debido que en el proceso de planeación se establecen las metas a cumplir de acuerdo con el presupuesto asignado para cada uno de los programas.
12. Se observó que la licitación para la adquisición de los productos se lleva a cabo en los meses de noviembre y diciembre para aplicarse el siguiente año. Sin embargo, la orden de compra de los productos queda sujeta a la radicación de los recursos de los programas, establecidos en el presupuesto del Sistema DIF Jalisco.
13.  El departamento de Aseguramiento de la Calidad no dispone del personal suficiente para realizar la supervisión de manera periódica de las bodegas de almacenamiento de los Sistemas DIF Municipales, para verificar que se cumpla con la NOM-251-SSA1-2009 los lineamientos de la EIASA, en el manejo y almacenamiento de productos alimenticios.
14. El Departamento de Aseguramiento de la Calidad es el responsable de atender y dar seguimiento a las quejas y sugerencias presentadas por beneficiarios, sin embargo, se deberán tomar en cuenta como aspecto de mejora de los procesos de los programas.
15. Se observa que para la instalación de los comités de contraloría social, el Sistema DIF Jalisco ha elaborado los documentos institucionales, Guía operativa (Descripción de los Comités de Contraloría Social, Plan de Difusión, Capacitación, Constitución y registro de los Comités, Mecanismos para recibir, atender y dar seguimiento a los reportes ciudadanos), Cuaderno de trabajo (Describe la operatividad de los Comités de Contraloría Social para cada uno de los programas) y Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social (Detalla las acciones que se realizaran en planeación, promoción y seguimiento), para la conformación e institucionalización de los Comités de Contraloría Social de los programas Desayunos Escolares, Ayuda Alimentaria Directa y Nutrición Extraescolar a partir del año 2018. Cabe mencionar que durante la presente evaluación (año 2017) los programas contaban con los comités de participación ciudadana   quienes tienen la función de dar seguimiento, supervisar y apoyar las acciones de los programas, en muchos de los casos haciendo las veces de comités de contraloría social. Sin embrago, ya con los documentos básicos de la contraloría social los comités quedarán debidamente constituidos y formalizados, de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación de los programas Desayunos Escolares(R.O. D. E., 2017, pág. 63), Ayuda Alimentaria Directa (R.O. A. A., 2017, pág. 46), Nutrición Extraescolar (R.O. N. E., 2017, pág. 51). 
16. Un aspecto que se observa en las entrevistas realizadas para los tres programas es la falta de implementación de un mecanismo por parte de los SMDIF para dar seguimiento a los compromisos y resultados de la corresponsabilidad de los beneficiarios, derivada de las pláticas de orientación alimentaria, para mejorar los hábitos alimenticios de los beneficiarios.
17. No se cuenta con evidencia de que los programas tengan definida una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo para ampliar los bienes que se entregan, puesto que los programas dependen de la aportación presupuestaria federal para los programas de asistencia social a través de los sistemas DIF en las entidades, salvo en el caso de Desayunos Escolares se observó un incremento entre el año 2015 y 2016.
18.  En la valoración de costo-eficiente y costo-efectivo, se observa la falta de mecanismos de seguimiento posterior a la entrega, para corroborar la correcta utilización de los bienes que ofrecen los programas. Lo anterior, se deriva de los resultados obtenidos en la encuesta, donde se puede observar que los alimentos destinados a los menores se comparten con el resto de los miembros de la familia, los alimentos no se utilizan en los hogares beneficiados, los Desayunos Escolares se entregan fuera tiempo, y esto no contribuye eficiente y eficazmente al cumplimiento de los objetivos de los programas.
19. Una valoración que se tendría que plantear es la revisión de la normatividad (Reglas de Operación) para la reorientación de los programas sería en el sentido de la temporalidad enfocada a los beneficiarios, es decir, aumentar (más de un año) el tiempo de estancia de los beneficiarios en los programas, con la finalidad de garantizar su seguridad alimentaria. Cabe mencionar que cada programa cuenta con una estrategia diferente para la permanencia de los beneficiarios en el programa, sin embargo, la valoración va en el sentido de la posible modificación el marco normativo de los programas. Con el módulo de seguridad alimentaria de la encuesta se puede inferir la mejoría de los beneficiarios, pero no se logra reducir del todo los problemas de inseguridad alimentaria que enfrentan las familias del Estado en condiciones de vulnerabilidad.

1. Reestructurar el modelo de asignación de recursos para que los municipios y regiones con mayor rezago cuenten con mayores recursos para proyectos de obra pública. 
2. Reestructurar los calendarios internos para la publicación de las ROP de forma más temprana. 
3. Desarrollar las propuestas de proyectos a través de los Subcomités de Planeación Regional.
4. Fortalecer los talleres de capacitación y formulación de proyectos. 
5. Utilizar un sistema único de control y seguimiento de proyectos o, en su defecto, sistemas interconectados que hablen entre sí. 
6. Priorizar la participación ciudadana en los procesos de planeación, y monitoreo y seguimiento, desde las Reglas de Operación. 
7. Destinar recursos financieros adicionales a las oficinas de enlace regional para garantizar que cuenten con recursos humanos, tecnológicos, y financieros necesarios para su buen funcionamiento. 
8. Cambiar el modelo de ministraciones y avances físicos.Pasar del actual 40%-30%-30% para avance físico y financiero aFinanciero: 40%-30%-30%; Físico: 30%-30%-40% 
9. Revisar metodológicamente, y facilitar el acceso a la MIR del Fondo.