Objetivo general
Evaluar la pertinencia del diseño y la eficiencia de la implementación del programa “Mi Pasaje”, en sus componentes estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, durante el 2019-2020, para mejorar la gestión y el desempeño del programa.
Objetivos específicos
1. Valorar la pertinencia de los apoyos otorgados por la intervención para la atención de la problemática y/o necesidades de las personas beneficiarias.
2. Valorar la pertinencia y eficiencia de los procesos de difusión, entrega y distribución de bienes para el cumplimiento de los objetivos del programa.
3. Determinar la percepción de las personas beneficiarias sobre la calidad del programa.
4. Generar recomendaciones que permitan mejorar la pertinencia, eficiencia y los resultados del programa, y que orienten la toma de decisiones.
1.- Aunque el Programa se encuentra alineado al derecho a recibir apoyo al transporte para estudiantes de los niveles de educación secundaria, media superior y superior, adultos mayores y personas con discapacidad reconocido en el art. 7 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, sólo contribuye parcialmente a su cumplimiento, ya que su cobertura geográfica no incluye los 125 municipios del estado. Por otra parte, el porcentaje de nuevas inscripciones es muy bajo, ya que los espacios que se abren son en su mayoría para reinscripciones, lo que reduce la posibilidad de acceso al Programa de personas que reúnen los criterios de elegibilidad. El programa no establece con suficiente precisión la cuantificación de su población potencial de personas adultas mayores y de personas con discapacidad (no ofrece una estimación del número de personas que viven con un ingreso menor a la línea de bienestar). Los apoyos que se entregan son parcialmente suficientes. Aunque es un hecho que los apoyos del programa contribuyen a reducir el gasto de transportación de la población beneficiaria, la proporción en que lo hace varía en función de la frecuencia de viajes de cada población. Existencia de una cantidad de pasajes que no son utilizados por las personas beneficiarias como sucedió en el ejercicio 2019 y en el ejercicio 2020.
2.-Los actores que participan en la implementación del programa (responsables del programa, coordinadores regionales y TISA) no tienen una coordinación adecuada que ocasiona confusión y falsas expectativas entre las personas beneficiarias. El Padrón Único de Beneficiarios contiene errores de registro en cuanto al municipio de residencia de las personas beneficiarias y carece de datos de contacto especialmente en el caso de la población del interior del estado de Jalisco, lo que no le permite un análisis preciso de su demanda y cobertura territorial de atención del Programa.
3.- La información sobre el monto de los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la operación del Programa, es inexistente, ya que sólo se dispone a nivel agregado con respecto a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) de forma atribuible al conjunto de los programas operados por esta dependencia. Lo mismo sucede con los recursos financieros destinados al convenio multianual establecido con TISA por un monto de 500 millones de pesos para los servicios generales concesionados, entre los que se encuentran aquellos relacionados al Programa. Ello impide estimar el grado de suficiencia de los recursos en cada área que interviene en los procesos del Programa. Al menos la mitad del financiamiento del programa recae en las empresas concesionarias de transporte público, lo cual constituye una amenaza a la sostenibilidad de Mi Pasaje. El “Sistema Interoperable de Recaudo Prefencial para los Sistema de Transporte del Área Metropolitana de Guadalajara y Ciudades Medias del Estado de Jalisco” (lectores de tarjetas electrónicas) no es homogéneo (no hay un sistema único que opere en todas las unidades), lo que ocasiona retrasos en el pago a las empresas concesionarias y rechazos en las tarjetas que portan las personas beneficiarias que abordan unidades equipadas con lectores ajenos a TISA. Por cada peso de apoyo que el programa otorga a su población beneficiaria, el erario público tiene que asumir un costo adicional de 26 centavos para mantener en funcionamiento el Sistema Interoperable de Recaudo Preferencial.
Se encontró evidencia de que algunos choferes de las unidades tienen un mal trato, no .dan la parada o no aceptan las tarjetas a las personas beneficiarias.