Concluida

1. La redacción y sintaxis de los objetivos en sus niveles fin, propósito y componentes es insuficiente ya que presentan ambigüedad e imprecisión en los mismos
2. La lógica vertical y horizontal no se puede identificar con claridad entre sus objetivos de nivel fin, propósito y componentes, ya que en su gran mayoría su redacción es insuficiente
3. En el ejercicio fiscal 2016 el porcentaje de avance de los indicadores y metas propuestos rebasan en promedio el 100% de lo establecido, a pesar de contar con estos valores, no se puede validar con precisión su cumplimiento, pues en el análisis sobre la pertinencia de los indicadores se identificó que éstos no permiten medir su nivel de cumplimiento.
4. La definición de su población objetivo y beneficiaria identificada en sus objetivos es ambigua y no tienen relación entre las distintas definiciones identificadas en sus niveles de objetivos. Si bien, se habla de población objetivo como las personas con alguna carencia, no se especifica qué tipo de carencia, además se mencionan como población objetivo a adultos mayores y niñas y niños en determinado rango de edad, pero sin alguna justificación evidente.
 

1. Algunos de sus indicadores son redactados de manera clara pero siguen siendo insuficientes, esto dificulta medir el cumplimiento del desempeño, así como monitorear y evaluar el logro de los objetivos y metas del programa presupuestario.
2.  La MIR del programa presupuestario mantiene una coherencia aceptable con la MIR federal de infraestructura en educación, por lo que es posible esperar que con su cumplimiento se esté contribuyendo a la MIR del FAM Federal correspondiente
3. Tanto el valor obtenido entre la relación de las metas y la pertinencia del indicador, como el escenario en el que se encuentra cada nivel, no es posible validar si el cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario contribuye con los objetivos del fondo correspondiente.
4. Durante el periodo analizado se puede observar que el presupuesto asignado al programa ha disminuido en su monto modificado y ejercido.
 

A pesar de estas fortalezas, su principal debilidad es la ausencia de Reglas de Operación Estatales que planteen un problema público específico para la población que atiende: los estudiantes de nivel superior. Evidentemente, las causas de la deserción escolar son muy distintas en el nivel superior si se comparan con cualquiera otro de los niveles educativos porque se trata de una población que está al comienzo de su edad adulta. 
Adicionalmente, el programa focaliza su intervención a partir de una lógica presupuestal: si los recursos son limitados se aplican criterios de priorización, que diferencian a la población objetivo en varias poblaciones. Todo ello genera que no haya claridad en la fundamentación del programa, en el tipo de metas y resultados que se esperan y en el diseño de una matriz de indicadores consistente con impactos diferenciados a partir de los distintos tipos de beneficiarios.
 

1. Realización de diagnóstico sobre condiciones visuales en niños y jóvenes con la ayuda de Secretaría de Salud o en su defecto, mediación con esta instancia para identificación de origen de problemáticas visuales por región y construir una identificación de prevalencia de enfermedades visuales cubiertas por el programa representativa. Esto último también puede ser realizado a partir de los registros del programa.  
2. Trabajo en las comunidades sobre el cuidado de la salud visual o como campaña estatal centrada en la sensibilización de aquellos que manifiesten algún síntoma y en la prevención.  
3. Ajustar el árbol de objetivos en cuanto a los componentes del programa y su objetivo con lo señalado en la MIR. 
4.  Continuar con la operación del programa y su enfoque por la calidad de manera independiente.
5. Establecer en la MIR como un supuesto más a considerar a nivel de Propósito o Fin el que los beneficiarios deben usar los anteojos dentro y fuera del horario y área escolar.  
6. Vinculación y aprovechamiento de la pertenencia a la estructura de SEJ con el conocimiento del interior del estado para lograr alianzas con SS en el tema de salud visual y Organizaciones de la Sociedad Civil que atiendan el tema (OSC). 
7.  Realizar seguimiento a las calificaciones de los alumnos y seguimiento ya sea muestral o no estadístico a un grupo de ellos para recabar información adicional de los beneficios del programa en el mediano y largo plazo y que incluya las últimas tres boletas de calificaciones, así como un cuestionario sobre sus actividades extraescolares con actividades, pasatiempos y tiempo dedicado a éstos.  
8. Incrementar el número y la participación de especialistas optometristas en el programa, tanto para la precisión de los alcances y teoría en MIR y Árbol de Problemas y Objetivos como en el seguimiento al trabajo de campo, monitoreo de resultados en beneficiarios y establecer línea base para evaluaciones a mayor profundidad, resultados e impactos en población objetivo.  
9. Incrementar el porcentaje de la inversión proyectada del programa destinado al pago de optometristas certificados que realicen la tarea de diagnóstico fino y de seguimiento a los beneficiarios en cuanto a su evolución y mejora escolar y calidad de vida.
 

1. Se sugiere fortalecer y sustentar el diagnóstico, integrando información sobre la problemática de las mujeres que habitan en zonas rurales. Se aconseja que se tomen como referencia documentos tales como la declaración de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, “Las mujeres rurales en México: Estrategias para su desarrollo”, editado por la SRE, UNIFEM y PNUD México o “Condiciones económicas y sociales de las mujeres rurales en México” de la Cámara de Diputados y CEDRSSA. Asimismo, se recomienda localizar datos estadísticos oficiales sobre la problemática de la mujer rural, con el propósito de establecer numéricamente la población potencial y objetivo del programa.  
2. El equipo evaluador aconseja la realización de un ejercicio de análisis de la normatividad vigente que lleve a dar mayor solidez al marco legal del programa, ampliándolo si es preciso. Al respecto, se sugiere integrar los Artículos 33, 34 y 35 de la Ley General de Desarrollo Social.  
3. Fortalecer y sustentar el diagnóstico, integrando información de programas similares que le brinde soporte empírico a la intervención; se recomienda presentar los casos planteados en esta evaluación.  
4. Realizar una revisión de los resúmenes narrativos de la MIR que lleve a una redacción pertinente, en la que se evidencie la relación necesaria entre el Propósito y el Fin, haciendo que estos correspondan con los objetivos generales y específicos del programa. Asimismo, se sugiere que toda vez que se hayan realizado las adecuaciones al Fin y al Propósito y que se haya dado validez a la lógica vertical, se construyan indicadores que midan el cumplimiento de estos objetivos y se consideren los medios de verificación requeridos para su cálculo.  
5. El equipo evaluador sugiere que los diseñadores del programa realicen un análisis de las desventajas que han registrado programas similares, con la finalidad de elaborar un plan de acción que contemple estrategias para evitar o minimizar el riesgo de que éstas se presenten.  
6. Se recomienda la formalización de convenios de colaboración con los programas símiles, con la Secretaría de Economía Federal y la SEDECO Jalisco.  
7. Diversificar los esquemas de comunicación y dar prioridad a aquellos de trato directo y a la conformación de redes. 
8. Se recomienda realizar mediciones de satisfacción y seguimiento a las beneficiarias.
 

1. El equipo evaluador sugiere presentar datos estadísticos sobre el porcentaje de jóvenes en el programa y cuántos de ellos han sido reincidentes, con la finalidad de evidenciar la efectividad del programa. 
2. Establecer mecanismos de apoyo para la documentación digital de cada uno de los expedientes del programa, con la finalidad de asegurar su continuidad ante alguna contingencia. 
3. Otorgar el apoyo económico durante el tiempo establecido en el programa a los jóvenes que se encuentran bajo alguna problemática psicológica durante el tiempo de asistencia a las terapias; Realizar una revisión de los Componentes de la MIR 2017, En la que se considere como un nuevo componente de la MIR el apoyo otorgado a los jóvenes por proceso de intervención psicológica.
4. Establecer mecanismos de control y seguimiento para los beneficiarios que se integran a la informalidad laboral, Lo anterior debido a que los contratantes no se comprometen con los beneficiarios en entregar documentación que los comprometa por operar fuera de la Ley.
5. Otorgar un seguimiento a los beneficiarios por lo menos de 2 años, lo anterior conforme al Código de Procedimientos Penales que establece el tiempo para considerar que una persona ya no es reincidente.
 

1. Llevar a cabo un ejercicio de planeación estratégica sustentado en evaluaciones y diagnósticos de las problemáticas socioambiental de cada ANP, donde también se incluyan las buenas prácticas derivadas de las acciones que la DGCB ha implementado como parte de sus tareas.  
2. Fortalecer o crear la estructura administrativa necesaria para operar adecuadamente las ANPs (primera prioridad por la obligatoriedad institucional) y Sitios RAMSAR (en el supuesto de que se atienda esta recomendación, los OTOs no tendrían razón de existir y tampoco las recomendaciones inherentes a ellos)  
3. Elaborar un Manual de Procedimientos del Programa que identifique y sistematice claramente los procesos del programa.  
4. Diseñar estrategias de difusión del Programa, donde se puedan aprovechar los medios locales de comunicación (radio, televisión, medios electrónicos e impresos).  
5. Modificar las Reglas de Operación del Programa en el ejercicio 2018, para que los criterios de dictaminación sean congruentes con el diagnóstico ambiental de cada ANP y de esa manera se sustente la asignación de recursos.  
6. Modificar y actualizar la MIR de tal manera que se integren, además de los datos existentes: metas, avances, resultados e indicadores de impacto socioambiental, además de información de la ministración financiera.
 

En la presente evaluación de procesos se encontró que la gestión operativa del programa contribuye medianamente suficiente al logro de sus objetivos. El principal instrumento con el que cuenta el programa para monitorear el logro de sus objetivos es la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Esta es poco pertinente para realizar una medición adecuada ya que no es exclusiva del programa y ello conlleva que sea incompleta. La MIR no tiene una definición precisa de los objetivos del programa, y no cuenta con indicadores suficientes para medir las actividades, los componentes y el fin; y el propósito no incluye el objetivo de “fortalecer la gestión operativa de los gobiernos municipales”.

El proceso de planeación se encuentra desarticulado y no retoma insumos de valor como el diagnóstico de los municipios que reciben el apoyo económico del programa. Al respecto, en el proceso de seguimiento y monitoreo de los beneficios se genera información valiosa que no está sistematizada y que no se usa para la planeación. Información como la resultante de las supervisiones que realiza la DDM. El inicio de la gestión operativa del programa se da con la actualización y publicación de las ROP, en marzo. La fecha de publicación marca la pauta a los procesos de difusión y este al proceso de generación y distribución de los bienes y servicios, por lo que la entrega del apoyo económico a los gobiernos municipales que cumplieron en tiempo y forma con el expediente de solicitud se realiza entre los meses de junio a septiembre. Aún cuando los gobiernos municipales se comprometen en realizar el pago de honorarios a los instructores de manera mensual, esto no se lleva a cabo en todos ellos. Se encontró en el trabajo de campo que algunos instructores han optado por renunciar como respuesta a los atrasos mencionados. El proceso de seguimiento y monitoreo de los beneficios no se encuentra totalmente regulado, su funcionamiento operativo no está completamente estipulado en algún documento normativo o institucional. La DDM realiza un seguimiento físico a los beneficiarios directos. Dicho seguimiento son las reuniones regionales. Estas reuniones sirven para tener un acercamiento directo con los beneficiarios, sin embargo la falta de sistematización y homologación de las actividades impide que se utilice la información obtenida. Esta información es de relevancia estratégica tanto para el monitoreo del programa como para retroalimentar la planeación. Las principales recomendaciones de esta investigación giran hacía adecuaciones a las ROP que definan de manera clara todo el proceso operativo del programa. Así como a la sistematización y calendarización de las reuniones que dan origen a la actualización de las ROP y; la actualización de los reglamentos operativos (manuales de organización y procedimientos) pues la DDI, DDM y la coordinación del programa no tienen plasmadas sus atribuciones en algún documento y ello podría generar la duplicidad de actividades. Además las recomendaciones apuntan a diseñar la MIR del programa, la cual servirá como una herramienta clave para el monitoreo del logro de sus objetivos. Es de suma relevancia que la DGDSV y la DDI definan de manera clara y precisa los objetivos del programa, pues la falta de una definición oficial al “desarrollo cultural de los municipios” y al “fortalecimiento de la gestión operativa del programa” impide el diseño de indicadores apropiados. En respuesta a la falta de sistematización del seguimiento físico así como a la insuficiencia de información sobre el contexto cultural de los municipios, se propone la elaboración de una “Cédula de Información”. La cual permita obtener información sobre la oferta y demanda cultural, así como de la satisfacción de los beneficiarios indirectos. Resulta de suma importancia atender la poca suficiencia del programa para atender los criterios de transparencia, así como la implementación de algún mecanismo de control del correcto uso de los apoyos económicos entregados a los gobiernos municipales.

La valoración de la evaluación de procesos del PETC, correspondió a 2.5, en la escala del 1 al 4, donde 1 es insuficiente y 4 es suficiente, esta valoración refleja un área de oportunidad importante para el programa, pues se registró que los principales procesos carecen de formalización y determinación de sus principales tareas, flujogramas, manuales de procedimientos y mecanismos adecuados de monitoreo y evaluación que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos del programa. Se observó como un área de mejora, la difusión orientada a la rendición de cuentas, pues no se evidenció la publicación de los reportes trimestrales de gasto y alcance de las metas por parte de la unidad ejecutora del programa. En relación a la producción y distribución de los bienes y servicios del programa, se identificó que en esta etapa el programa cuenta con los flujogramas de procesos, pero estos se encuentran desactualizados y con deficiencia en su diseño, aspecto que impacta en la valoración del objetivo relacionado, aspecto que fue tratado en la presente evaluación, generando un compendio de procesos estructurados, con flujogramas y tablas de actividades.
Se recomienda generar un documento que describa cada uno de los procedimientos de manera documentada, que permita desarrollar de manera sistemática e institucional el proceso de planeación del programa. Se recomienda rediseñar la matriz de indicares de resultados del programa, en la que se establezcan los componentes tomando como base los entregables establecidos en las reglas de operación), con lo cual la matriz de indicadores permitirá verificar el cumplimiento de los objetivos y los avances del programa.
 

Se observó que los objetivos planteados para cada programa corresponden a los resúmenes narrativos del nivel de fin, esto genera confusión en el enfoque de los objetivos, de manera que es recomendable la utilización del resumen narrativo del propósito.

Se registró que los programas presupuestarios objeto de estudio, disponen de nombre y clave adecuados para su clasificación.

Sobre la verificación de los elementos de la justificación del programa, se observó el uso de información adecuada, específicamente en los aspectos de alineación del programa presupuestario con el PED, así como su alineación nacional, alineación administrativa e información del marco normativo.

Se presentaron áreas de mejora en la determinación de la magnitud, comportamiento y evolución del problema, pues estos datos no fueron cubiertos adecuadamente en la totalidad de los casos.

En cuanto a la población objetivo y/o potencial, se registró que en el 67% de los casos, la información fue adecuada. Adicionalmente, se presentaron deficiencias en la información sobre el tipo de apoyo entregado a la población atendida, pues no se registró de manera pertinente en el 33% de los casos.